Bancos, organismos internacionales y economistas de distintas corrientes sugieren la posibilidad de activar este mecanismo como vía para contener una fractura social y la quiebra del modelo democrático.
En España, una sesuda investigación a partir de los datos de dos millones de contribuyentes que cifra en 7.471 euros la renta mínima universal, el equivalente al 60 % de los ingresos medios de la población. Esa es la cantidad anual que tendrían derecho a cobrar 35,9 millones de residentes mayores de edad (cada uno de los 7,8 millones de menores percibirían una RBU de 1.494 euros).
Esta renta sustituiría a todas las prestaciones públicas actuales (subsidios, paro, becas...) y se financiaría con una reforma integral del IRPF, creando un tipo único del 49 %. La propuesta de los tres economistas no implica que el Estado abonase esa cantidad a cada ciudadano, toda vez que el pago se limitaría a los contribuyentes cuyos ingresos fuesen inferiores a la renta básica. Un ejemplo ilustra gráficamente cómo operaría esta herramienta. Así, un profesional con unos ingresos de 50.000 euros al año tendría que pagar una cuota por el impuesto de la renta de 24.500 euros (el citado 49 %), de la que habría que deducir la renta universal de 7.471 euros, por lo que la liquidación final se elevaría a 17.029 euros.
El coste total de esta simulación asciende a 280.090 millones de euros, que podrían llegar a beneficiar al 80 % de los ciudadanos del país al mejorar su situación económica previa, según los cálculos de los investigadores. «Se efectúa —estima Raventós— una transferencia cercana a los 32.000 millones de euros desde el 20 % de las personas más ricas» a los segmentos de población con menos recursos.
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